Ciudad de México.- La diputada Claudia Báez Ruiz pidió exhortar a la Secretaría de Protección Ciudadana Federal (SSPC) para que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios.
En su punto de acuerdo hace el mismo llamado a los gobernadores, y además que ordenen la confiscación de chips sueltos en los centros penitenciarios estatales.
Exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe a esta soberanía sobre el monitoreo de equipos que permiten bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos e imagen en los centros penitenciarios federales y estatales.
El documento menciona que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, señala en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, que representan seis mil 542 por cada 100 mil habitantes.
Cita que 91.6 por ciento de los casos, la extorsión fue telefónica y pagada en 7.1 por ciento de las ocasiones; en un solo año, se realizaron 5.2 millones de llamadas, equivalentes a 14 mil 305 llamadas por día en promedio, 596 por hora, casi 10 por minuto.
Un dato alarmante es que entre 50 y 80 por ciento de las llamadas salen de los penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones”.
Considera que el autogobierno de las prisiones ha generado el fracaso de los inhibidores de señal de celulares y los equipos son objeto de sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan dispositivos que inutilizan a los inhibidores, además, la corrupción y mala tecnología en el sistema penitenciario permiten que el negocio de la extorsión telefónica siga prosperando.
